El Gobierno nacional decidió retirar del Senado el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, luego de la fuerte resistencia de bloques aliados y gobernadores. La medida permitió destrabar el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que continuará su debate sin ese apartado.
El oficialismo cedió ante la falta de consenso
La decisión fue impulsada por el bloque oficialista en la Cámara alta tras comprobar que no contaba con los votos necesarios para aprobar la reforma.
La marcha atrás se produjo luego de una reunión entre senadores oficialistas y legisladores dialoguistas, quienes plantearon fuertes objeciones al proyecto y reclamaron excluir el capítulo vinculado a la extranjerización de tierras.
La intención del Gobierno es volver a presentar esa iniciativa más adelante, pero mediante un proyecto independiente.
Qué cambios proponía la reforma
El capítulo eliminado contemplaba una modificación profunda de la Ley de Tierras Rurales.
Entre los principales puntos figuraban:
- Elevar al 25% el límite de tierras rurales en manos de extranjeros.
- Eliminar el tope de 1.000 hectáreas para un mismo propietario en la zona núcleo.
- Flexibilizar restricciones vinculadas a zonas de frontera y cursos de agua.
La propuesta generó cuestionamientos tanto dentro del Congreso como entre distintos gobiernos provinciales.
El rechazo de los gobernadores fue determinante
En la previa de la sesión, varios mandatarios provinciales manifestaron públicamente su oposición a la iniciativa.
Entre ellos estuvieron el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el de Neuquén, Rolando Figueroa, quienes anticiparon que sus representantes en el Senado no acompañarían la reforma.
La falta de respaldo terminó inclinando la balanza y llevó al oficialismo a retirar el capítulo para evitar comprometer el resto del proyecto.
Qué sigue en el Senado
Pese al cambio de estrategia, la sesión prevista continuará con el tratamiento de los demás puntos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Entre ellos se destacan la reforma de la Ley de Expropiaciones, cambios en el régimen de desalojos para agilizar los procesos, la modificación de la Ley del Fuego y la creación de una Ventanilla Única Federal para digitalizar el Registro de la Propiedad Inmueble.
El debate se desarrollará en un clima de fuerte tensión política, con movilizaciones convocadas frente al Congreso por organizaciones sindicales, sociales y ambientales que rechazan distintos aspectos de la iniciativa oficial.
